La contabilidad de las empresas es uno de los agujeros negros más importantes de la economía española. Las cifras oficiales fijan en 16 675 los millones de euros que la Agencia Tributaria recaudó en 2022 gracias a sus actuaciones contra el fraude fiscal en las compañías de nuestro país.
Es por ello por lo que la obligatoriedad en el uso de un programa de contabilidad que evite estas desviaciones ha sido una prioridad en materia legal de empresas para el Gobierno; una intención que se ha concretado en la Ley Antifraude, presentada el pasado año y que ya está en vigor en todo el territorio.
¿Cuál es la principal novedad de esta normativa? El requerimiento de que cualquier emprendedor, pyme o gran empresa multinacional cuente con un programa de facturación electrónica autorizado por el Estado.
Estos programas, que llevan asociadas muchas ventajas para los empresarios, deben incluir la seguridad suficiente para certificar, en todo momento, que la empresa no ha podido manipular de ninguna manera la facturación.
El sistema Verifactu, asociado a estos software, generará un registro de todas las facturas emitidas y las enviará directamente a Hacienda. Este es un ejemplo de cómo la tecnología puede contribuir no solo al cumplimiento de la ley, sino a reforzar las buenas prácticas dentro del tejido empresarial español.
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¿Cómo se benefician las empresas de la Ley Antifraude?
Más allá del hecho de actuar conforme a la legalidad, y combatir el fraude a nivel general, esta normativa también ha supuesto un gran número de mejoras en la gestión y la actividad diaria de las empresas.
El uso de los ERP ha resultado clave para que la mayor parte de pymes, proyectos autónomos y compañías familiares del país den un paso al frente en cuanto a digitalización.
Con el uso del software de facturación, han encontrado una herramienta muy versátil e interesante a la hora de automatizar procesos, reducir los trabajos de gestión e incluso obtener información relevante para la expansión de las empresas y el diseño de estrategias de crecimiento.
Sanciones asociadas a una mala praxis
Por supuesto, la Ley Antifraude incluye una serie de sanciones para los empresarios que no se sumen a la utilización de software autorizados, o que continúen llevando su contabilidad de manera manual.
En concreto, las compañías que presenten algún tipo de anomalía en todo lo relativo a la gestión de pagos, cobros y liquidación de impuestos pueden ser sancionadas con multas de hasta 50 000 euros por cada año fiscal que se actúe fuera de los parámetros marcados por la ley.
Empresarios y autónomos cuya sede de actividad se encuentre dentro del territorio nacional tienen como fecha tope el próximo 1 de julio de 2024 para integrar estos programas de gestión en su actividad cotidiana. Pasado este plazo, ya podrán ser sancionados al no emitir facturas conforme a lo establecido por la ley.
Más allá de huir de las multas, adaptar la contabilidad a la fórmula de gestión marcada por el Gobierno es positivo para las compañías, que ofrecerán una imagen de mayor transparencia y elevarán, con ello, la confianza del público, así como de posibles socios o proveedores.
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CEO de Marketers Group. Agencia de marketing digital especializada en servicios de SEO, Publicidad digital y Business Analytics. Director del portal Tiempodenegocios.com. Formador in-company para empresas como Bayer, Roche, Evercom, Claró Partners entre otras.
