El bufete de abogados en España que defiende a las empresas de los posibles incumplimientos legales de la Administración Pública

El número de abogados en España se ha mantenido a lo largo de la última década. En general, los expertos en Derecho que ejercen su oficio en nuestro país no han variado mucho. Mientras que, en 2015, el Consejo General de la Abogacía Española afirmaba que casi 150.000 profesionales del Derecho permanecían activos, Raphael Bone (investigador en Statista) señalaba el año pasado que 145.133 abogados residentes en España ejercen su profesión actualmente. A esta cifra, hay que sumarle los otros 9.000 abogados más que, aunque ejercen, no residen en el país.

Este no es el caso del bufete de abogados LIFE Sector Público, del Grupo LIFE Abogados que sí actúa a nivel nacional desde su sede física en pleno Madrid, en el barrio de Salamanca. El equipo de esta sociedad limitada —fundada conjuntamente por el abogado contencioso administrativo Ignacio González Rivera y por Sara Fernández Ceballos, consultora especialista en desarrollo y financiación de proyectos— brinda asesoramiento legal a las entidades privadas que necesitan resolver incidencias y pleitos con la Administración Pública. Para ello, sus expertos en Derecho Administrativo y Contratación Pública evalúan el caso de cada empresa, preparan todos los documentos que la defensa requiere, realizan la defensa propiamente dicha en las instituciones jurídicas pertinentes y efectúan un adecuado seguimiento de la evolución del caso, elaborando y replanteando las estrategias a seguir para lograr la resolución más favorable posible para la empresa.

Por otra parte, LIFE Sector Público también orienta y gestiona la contratación legal de empresas privadas por la Administración Pública, un proceso que se conoce como licitación pública y que permite, por ejemplo, a los ayuntamientos contar con aquellas compañías cuyos servicios necesitan para sus proyectos municipales. No obstante, en esta ocasión, nos centraremos en la ayuda que este bufete de abogados presta como especialistas en Derecho Contencioso Administrativo.

¿Quién necesita un abogado con esta especialización?

Los abogados expertos en derecho contencioso administrativo son especialistas en resolver conflictos legales en los que la Administración Pública ha actuado presuntamente de forma contraria al Derecho. Consecuentemente, atienden casos en los que se han visto implicadas:

1. La Administración General del Estado, cuyo peso es a nivel nacional. En ella también están incluidos los ministerios.
2. Las Administraciones de las Comunidades Autónomas, a las que el Estado transfiere competencias en educación y sanidad.
3. La Administración Local (los ayuntamientos de los municipios están vinculados a ella).
4. Aquellas entidades públicas que dependen de alguno de los agentes anteriores. Unos pocos ejemplos son: el Banco de España, ENESA (depende del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) y el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal).

Por consiguiente, cualquier empresa nacional o extranjera que necesite defensa jurídica u asesoramiento legal, en algún proceso que tenga que ver con los entes que forman la Administración Pública (los que acabamos de citar), puede recurrir a LIFE Sector Público para:

• Solicitar defensa ante sanciones administrativas y multas improcedentes.
• Garantizar el cumplimiento de los contratos públicos, que son los documentos que permiten a la Administración Pública conseguir aquellos productos y servicios que ella misma no puede generar.
• Reclamar los daños que la Administración Pública haya causado sobre el patrimonio. También es posible reclamar las facturas no abonadas. LIFE Sector Público se asegura, en este caso, de que la empresa perciba el cobro por los productos y/o los servicios cuyo pago la Administración Pública ha eludido.
• Conseguir la autorización y las licencias que se necesitan de la Administración Pública y que, sin motivo aparente, ésta rechaza. Este bufete de abogados fundado en 2015, pero con más de 25 años de experiencia a sus espaldas, también se ocupa de resolver los conflictos relacionados con las licencias urbanísticas y con las problemáticas de índole medioambiental.

Un equipo profesional que quiere marcar la diferencia

En general, en España, la consulta con un abogado ronda los 30 euros cada media hora. Hay bufetes en los que alcanzan los 100 y los 150 euros. Para que la empresa pueda acceder más fácilmente a esta clase de consultas y recibir el asesoramiento legal que necesita, LIFE Sector Público ha decidido no cobrar nada por su primera consulta. En su página web, la empresa puede seleccionar fecha y hora de manera online. Uno de los dos fundadores de LIFE Sector Público será quien atienda la primera consulta gratuita, que tendrá una duración de 30 minutos.Por otro lado, el bufete opera en las principales comunidades españolas: Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, los dos archipiélagos, Galicia, Extremadura… Y abarca una amplia variedad de sectores profesionales. La empresa cliente puede pertenecer a cualquiera de estos ámbitos: alimentación, cultura y ocio, bares y cafeterías, márquetin y eventos, servicios de telecomunicaciones, mobiliario urbano, jardinería, etc.